El Consejo de Ministros se ha celebrado hoy vía telemática

El Consejo de Ministros ha acordado hoy movilizar hasta 200.000 millones de euros, el 20% del PIB español, para paliar el impacto económico y social de la crisis del coronavirus, de los que 117.000 millones procederán íntegramente del sector público y el restante se complementará con movilización de recursos privados. Así lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez en una rueda de prensa telemática desde el Palacio de la Moncloa.

Entre las principales medidas acordadas por el Gobierno, destacar la exoneración del pago de cotizaciones a aquellas empresas que, en lugar de despedir trabajadores, se acojan a expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE).

Sánchez ha explicado que todos los ERTE se considerarán realizados por fuerza mayor y se gestionarán rápido, y todos los trabajadores afectados por estos procedimientos tendrán derecho a cobrar el paro aunque no cumplan con el periodo de cotización mínimo exigido para ello. Además, no se considerará consumido el tiempo que dure la percepción de esta prestación (contador a cero).

«Se prioriza así la suspensión de contratos y reducción de la jornada frente a los despidos», ha subrayado Sánchez, que ha hecho un llamamiento a los empresarios para que se acojan a estas medidas en lugar de recortar plantillas.

El decreto aprobado hoy impulsa el teletrabajo a través de una dotación «importante» a las empresas para la compra de ordenadores, al tiempo que permite a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo, siendo posible una reducción del 100% de la jornada.

AUTÓNOMOS

Sánchez  ha explicado que se flexibilizará el acceso a la prestación por cese de actividad de los autónomos y se eximirá del pago de cotizaciones a los autónomos que vayan al paro. Así, se establece una prestación extraordinaria por cese de actividad sujeta a una regulación distinta a la ordinaria, según la cual el autónomo podrá pedir un ERTE para sus trabajadores y solicitar al mismo tiempo el cobro de una prestación extraordinaria por cese de actividad, sin obligación de cotizar mientras dure esta situación excepcional.

El jefe del Ejecutivo ha agradecido a sindicatos y empresarios las «valiosas» propuestas que le hicieron llegar para combatir los efectos del coronavirus en la economía y el empleo, algunas de las cuales se han incorporado al decreto.

Otra de las prioridades es destinar 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los Servicios Sociales de las comunidades autónomas y de los entes locales, con especial atención a la asistencia sanitaria de personas mayores, dependientes y colectivos vulnerables, por la pandemia del coronavirus. También garantizará el suministro energético y de agua y los servicios de telecomunicaciones a las familias más vulnerables como consecuencia de esta crisis.

«No vamos a dejar a nadie atrás, especialmente a los más vulnerables», ha asegurado el presidente. En concreto, ha anunciado medidas en cuatro áreas, una de las cuales se refiere al apoyo a las familias vulnerables o que han devenido en una situación de vulnerabilidad como consecuencia del impacto de las medidas adoptadas por la crisis del coronavirus.

En concreto, de esos 600 millones de euros, la mitad irán destinados a un fondo específico de contingencia para reforzar la atención a personas mayores, sin techo y en residencias de mayores y dependientes y otros 300 millones, para la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan usar su superávit si lo invierten en partidas de atención social: atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus, según ha concretado posteriormente Unidas Podemos.

MORATORIA HIPOTECAS

En este plan, el Gobierno también contempla garantizar el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades y, por ello, ha establecido una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducir sus ingresos. «Ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda. En esta crisis nadie será desahuciado de su casa por atravesar una situación económica difícil», ha subrayado.

Sánchez ha precisado que este es un primer paquete de medidas sociales que seguirán desarrollando de la mano de otras administraciones, en especial, de las entidades locales con las que espera reunirse en los próximos días.

AVALES PARA INYECTAR LIQUIDEZ

El presidente del Gobierno ha lanzado un mensaje «contundente» a las empresas y los mercados respecto a que el Estado va a proporcionar «toda la liquidez que se necesite para mantenerse operativo», ya que no va a permitir que «los problemas temporales puedan convertirse en problemas de solvencia». Por ello, ha pedido a las empresas que mantengan el empleo y la actividad económica.

Así, ha anunciado una línea de avales con valor de hasta 100.000 millones que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si se incorpora al sector privado. El Estado será el garante de las operaciones.

También se aprueba una línea de avales adicionales de 2.000 millones para empresas exportadoras con mecanismos ágiles y medidas para facilitar la reestructuración de créditos a exportación agrarias afectadas por la sequía. Además, se destinan 30 millones a investigación de vacunas.

Las nuevas medidas se sumarán a las primeras del paquete de choque económico ya recogidas en el decreto-ley aprobado el pasado jueves en Consejo de Ministros extraordinario, con la inyección de 18.225 millones para paliar las consecuencias económicas.

Sánchez ha avanzado que pedirá que la Comisión Europea movilice recursos y flexibilice las reglas fiscales. Por ahora la Comisión Europea ha anunciado que adoptará medidas para garantizar liquidez, así como el uso de 37.000 millones de fondos estructurales, de los que 4.100 irán para España.