La CNMV, el Banco de España y la Comisión Europea, todos se han confabulado esta semana para dar un toque de atención al Gobierno en funciones de España sobre los riesgos de la economía nacional. A la Unión Europea no le ha gustado el borrador de la previsión del gasto público para 2020 presentado por el equipo de Sánchez. Y, lo que es peor, Bruselas hace serios avisos a España sobre la altísima deuda pública –ya casi fuera de control- de 1,2 billones de euros, el más que posible incumplimiento del déficit –muy por encima del 2%-, el lio regulatorio en las pensiones  y la falta de realismo sobre las previsiones de ingresos en 2020. Por todo ello, la Unión Europea recomienda al Gobierno en funciones de Sánchez que vaya aplicando el año que viene recortes por 10.000 millones de euros si no quiere ser víctima de sanciones multimillonarias.

El Banco de España, en esta ocasión, no ha atacado por el mismo flanco sino que lo ha hecho poniendo al día la liquidación del rescate bancario y la conclusión es tremenda: Se dan por perdidos casi 50.000 millones de euros del rescate de las cajas de ahorros y su reconversión en bancos. Y eso que el ex ministro Guindos, del gobierno de Rajoy, juró que ese rescate no iba a costar ni un euro a los ciudadanos españoles. ¿Se acuerdan? Es lo que tiene ser ministro, que te equivocas y te premian con un puesto vip en el Banco Central Europeo. Si por algún casual, los bancos pudieran devolver esa enorme cantidad se acabaría, por ejemplo, con el déficit de la hucha de la caja de las pensiones, que pasarían inmediatamente a estar aseguradas. Pero, claro, quien le pone el cascabel al gato de la banca y obliga ahora a los bancos que se beneficiaron de la compra a precio de saldo –ejemplo Unicaja con Banco Ceiss- y con enormes bonificaciones fiscales de las antiguas cajas de ahorro a devolver ese dinero.

Y toda esta avalancha de datos, cifras y previsiones se han dado a conocer al mismo tiempo que la sentencia condenatoria de altos cargos del PSOE de Andalucía por los ERES irregularmente aplicados por la Junta de Sevilla en los largos años que la gobernaron en plan de despotismo ilustrado, es decir todo para el pueblo pero sin el pueblo. La oligarquía caciquil socialista andaluza ha sido condenada esta semana por haber causado un perjuicio a las arcas públicas de unos 680 millones de euros. Pero nadie de Ferraz ni del Gobierno en funciones de Sánchez se han inmutado; al revés, se han puesto de perfil y han argumentado que los condenados representan al viejo PSOE y que todos aquellos líderes que iban a cambiar Andalucía aplicando las recetas de la socialdemocracia ortodoxa ya están todos fuera del partido. Como si el haber sido expulsados les eximiese de sus responsabilidades como miembros destacados que fueron de la jerarquía socialista a nivel nacional.

Es el mismo argumento de Rajoy y la cúpula nacional del PP cuando el partido fue condenado por la Gürtel. Lo del PSOE andaluz de aquellos años no ha sido un caso aislado ni exclusivo de personas determinadas, sino el reflejo de una forma de gobernar, de una estrategia calculada y de una trama predeterminada para fabricar clientelismos y favoritismos a costa del erario público, saltándose todas las normas éticas y leyes posibles.

España tiene un grave problema endémico con la corrupción. Y, según lo visto esta semana, parece que va a ser eterno. Nadie quiere erradicarlo de verdad. Ni atacar sus causas y sus profundas raíces. A lo mejor es que va en los genes y no hay arreglo posible-ay, la novela picaresca- . Si es así, nunca lograremos ser una democracia de calidad. Sólo un sucedáneo, lo justo para aprobar por los pelos el control del polígrafo democrático.

Ahí tienen materia los Sánchez e Iglesias para, antes de formar un gobierno casi imposible, sentar las bases de una auténtica regeneración.