La torre, símbolo de Almanza/ MC

A pesar de los controles montados por la Guardia Civil en las carreteras a lo ancho y largo de la geografía nacional, todo hace indicar que son muchas las personas que han abandonado sus lugares de residencia habituales para desplazarse a los pueblos, costas o lugares de su segunda residencia, a pesar de estar prohibidos los desplazamiento por el estado de alarma para combatir el contagio del coronavirus.

En la provincia leonesa son muchos los pueblos en los que se abren estos días las segundas residencias. Sin embargo, son  pocos los alcaldes que reaccionan ante esta acción tan poco solidaria. Uno de estos alcaldes es el de Almanza, Javier Santiago Vélez, quien también es senador por el Partido Popular. Vélez ha asegurado a través de sus redes sociales su disposición a denunciar y  sancionar a las personas que lleguen esos días a su municipio sin causas justificadas. “Viendo que algunas personas no hacen caso de los avisos, vamos a actuar. Se van a sancionar con 3.000 euros las viviendas que desde ayer se están abriendo como segunda vivienda en el municipio de Almanza, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Salud Pública y la Ley de Protección Civil, pudiendo ser las sanciones entre los 3.000 y 60.000 euros, catalogadas como graves dentro de la misma ley. Más avisos es imposible, quien venga ya sabe, se va a rascar el bolsillo sí o sí”, este es el mensaje del alcalde de Almanza.

PROYECTO SOLIDARIO

Al mismo tiempo, el alcalde de Almanza impulsa un proyecto solidario para que vecinos del municipio confeccionen mascarillas con material TNT, donado por empresas de la comarca. Las mascarillas serán entregadas a los vecinos que no dispongan de ellas. En este sentido el alcalde ha asegurado que “gracias a las donaciones y a la ayuda de una docena de mujeres, vamos a poder dar a cada vecino del Ayuntamiento y limítrofes una mascarilla y guantes».

Javier Santiago Vélez fue noticia hace unos días al ser el primer parlamentario nacional que renunció a sus dietas de desplazamiento, en torno a 2.000 euros, y dedicarlas a comprar mascarillas y otros equipos de protección para los agentes de a Guardia Civil del mun do rural.