No por esperado, deseado y anunciado el anuncio de fusión entre los grandes bancos CaixaBank y Bankia ha evitado un profundo terremoto tanto en el mundo financiero español como en el político. La fusión está motivada porque la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus derivará, a corto plazo, en crisis financiera y afectará a todos los bancos, a sus accionistas y a sus clientes. La crisis va a provocar un aumento de la morosidad, al mismo tiempo que, paradójicamente,  el incremento del ahorro de las familias y el freno de las inversiones empresariales debido a la incertidumbre causará un descenso en la actividad bancaria.

Ya, por de pronto, la rentabilidad de la mayoría de los bancos españoles está rozando o por debajo del 3%, el límite para que una banco entre o no en problemas. En el caso de los macrobancos CaixaBank y Bankia, la necesidad de fusión está motivada por un acertado análisis preventivo. La recuperación económica va para largo y, al final, los bancos deben blindarse para no ser los siguientes en entrar en problemas.

Además, hay otro motivo: la necesidad de acelerar el proceso de digitalización de la banca. El teletrabajo, la banca digital o las restricciones en la atención personal en las oficinas han venido para quedarse, no es una reacción a la pandemia sino una auténtica revolución en los servicios bancarios. Los clientes de menos de 40 años ya hace tiempo que no pisan una oficina bancaria porque todas las operaciones las hacen vía on line.

Como bien se conoce en León, por ejemplo, las fusiones o absorciones, llámese como se quiera, tiene la parte dura y dramática: el cierre de oficinas y el despido de empleados. La provincia leonesa no ha levantado cabeza y aún anda con el orgullo herido y la autoestima por los suelos desde la desaparición de Caja España, el orgullo financiero durante años de toda una Comunidad, hoy absorbida por el banco andaluz Unicaja y cuyos restos son maltratados sistemáticamente por los andaluces que gobiernan desde la lejanía lo que aún queda de las antiguas cajas de ahorro de León y de Castilla.

La desaparición de las cajas España y Duero provocó la eliminación de miles de puestos de trabajo, el cierre de oficinas, la desatención financiera de amplias zonas rurales, la quiebra de proveedores, la pérdida de valor de la propiedad y la desaparición de una oferta financiera competitiva para las empresas y familias de la tierra.

Ahora, la fusión de CaixaBank y Bankia va a suponer el cierre de unas 1.500 oficinas en toda España y el despido pactado de unos 15.000 empleados. Ello supondrá un golpe indirecto a la economía de muchos proveedores cercanos, propietarios de locales comerciales y el descenso de la actividad económica  en general. En una ciudad dedicada a los Servicios, que de pronto desaparezcan decenas de empleos de alta cualificación y salarios elevados es una pérdida importante e irremplazable. Es una espiral diabólica. León es un claro ejemplo de ese progresivo proceso de desertización financiera, económica y laboral.

En el caso de la fusión entre CaixaBank y Bankia hay que destacar el protagonismo del Gobierno, ya que el Estado, a través del Frob, es propietario ahora mismo del 62% de las acciones de Bankia, participación que quedará reducida en torno a un 15% en el banco resultante. Esa presencia accionarial se debe a los 24.000 millones de euros que el Gobierno inyectó en su día para salvar Bankia. Hasta ahora el Estado sólo ha recuperado 3.000 millones de la cantidad inyectada. La duda es si con esta operación se podrá recuperar el resto de  la enorme cifra pendiente. Hay analistas que aventuran que no.

Dado que de esta fusión se van a derivar importantes beneficios y plusvalías para el banco resultante de esta macrofusión no estaría de más que parte de ese excedente económico se dedicase a devolver el dinero del Estado, en un momento tan necesario para unas arcas públicas exhaustas y agotadas por los enormes recursos destinados a frenar la crisis derivada del coronavirus. Alguna vez habrá que pedir sacrificios y solidaridad a la gran banca y no solo al pagano ciudadano. En este punto, el desacuerdo de Podemos con la macrofusión está fundamentado.