María Jesús Montero, ministra de Hacienda

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado esta mañana que el Gobierno va a suspender a través de un nuevo real decreto ley la regla de gasto que frena que los ayuntamientos disparen sus gastos e inversiones pese a tener superávit. La ministra ha explicado en una entrevista en la Sexta Televisión que esta suspensión es de cara a 2020 y que el Ejecutivo trabaja para que pueda darse también en 2021. «La ciudadanía va a poder disponer de mayores recursos. Los problemas de los ciudadanos son nuestros problemas», ha defendido la ministra al informar de la medida.

En total el Ministerio anuncia que los ayuntamientos podrán disponer una cantidad global de en torno a 3.000 millones de euros.

REGLA DE GASTO

Tras estas declaraciones de la ministra, el Ministerio de Hacienda hacía público un comunicado en el que se concretaba que Hacienda está comprometida en habilitar las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación local, que suponen casi 1.500 millones. También apuesta por suspender la regla de gasto en 2020 y ofrecer mejores condiciones financieras a los ayuntamientos con problemas, entre otras.

Entre las medidas que el nuevo Real Decreto-ley recuperará de la norma anterior y que contaban con un amplio respaldo de la Cámara Baja se encuentra la suspensión de la regla de gasto para el año 2020. También prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones.

Asimismo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros. También se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.

AYUNTAMIENTOS EN RIESGO FINANCIERO

Hacienda también recogerá en este nuevo decreto las medidas relativas a aliviar la situación de los municipios en peor situación económica. Así, las entidades locales en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación.

También se permitirá a estos ayuntamientos que cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito. Esta medida permitirá que muchos ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste. Para las entidades que tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería.

Se permitiría que las diputaciones provinciales y entidades equivalentes puedan salir en ayuda de los municipios con problemas. Así, podrán formalizar préstamos con estas entidades locales y, además, destinar el superávit de 2019 a transferencias corrientes en favor de los municipios con problemas.

SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Otro aspecto fundamental que también se recuperará en este nuevo decreto tiene que ver con las normas esenciales para el cálculo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado de 2018, lo que supone para los ayuntamientos 634 millones.

También se instrumentarán los suplementos de crédito necesarios para atender las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en tributos del Estado para fin de ejercicio. Hay que recordar que estos importes se han calculado sin tener en cuenta el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas. De esta forma, las entregas a cuenta han aumentado en 821,9 millones de euros en 2020.

Por último, se recoge un procedimiento de tramitación urgente de modificaciones de créditos para entidades locales para atender gastos extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria.

REMANENTES

El nuevo Real Decreto-ley no adoptará medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos al ser un punto que ha evidenciado una falta de consenso por parte de los diferentes grupos políticos en el Congreso. El Ministerio de Hacienda lamenta que la propuesta pactada con la FEMP y que suponía poner solución a un problema estructural y complejo como es el uso de los remanentes de tesorería no haya tenido el respaldo del Congreso. En cualquier caso, eso no puede impedir que otras medidas urgentes y que benefician a los ayuntamientos queden sin ejecutarse.

En cualquier caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que su departamento tiene la mejor de las disposiciones para escuchar las propuestas y soluciones alternativas que propongan los partidos políticos o los propios ayuntamientos. Hacienda confía en que será posible encontrar una solución ajustada a la ley que permita atender las reclamaciones y necesidades de los ayuntamientos para que los remanentes que hoy generan costes e intereses a los consistorios se puedan poner al servicio de la recuperación económica y social que necesitan los ciudadanos.