Andan los funcionarios y los pensionistas con la mosca detrás de la oreja. Cada vez son más insistentes lo rumores sobre que el Gobierno de coalición que preside Sánchez está dispuesto a cuadrar el borrador de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año con la congelación, en el mejor de los casos, o el recorte del sueldo de los funcionarios –ya lo hizo Rajoy hace unos años- y de la congelación de las pensiones –también lo hizo Rajoy-.

Analizando en frío la amenaza, la verdad es que la congelación de sueldos y pensiones casi no tendría efectos económicos, dado que la previsión es que la inflación cierre este año en cero o en negativo. Si se aplicase una subida de sueldos o de pensiones con respecto al IPC, hasta podría darse el caso, ojo, teórico, de que los funcionarios y pensionistas debieran devolver dinero a las arcas del Estado si la inflación llegase a ser negativa.

En cualquier caso, el debate de la reforma  –y cuando se habla de reforma se quiere decir recorte- de las pensiones está sobre la mesa del Pacto de Toledo. De una u otra manera, el Estado debe aflojar el gasto descomunal de las pensiones, entre otras razones porque a corto y medio plazo se quedará sin recursos para financiarlas. No, no se trata de suprimir un derecho. Quien haya cotizado debe cobrar una pensión, faltaría más. La cuestión que se plantea es qué tipo de pensión y qué condiciones deberán cumplirse para cobrar esa pensión. Cuánto más se alargue el tiempo exigido de cotización, menor será la cuantía de la pensión. Y lo mismo sucederá si se alarga el tiempo mínimo de cotización para tener derecho a una pensión. También se habla ya de posponer la edad de jubilación hasta los 70 años.

Todo este debate se plantea al mismo tiempo que dos grandes bancos, CaixaBank y Bankia negocian su fusión –este  mismo miércoles puede quedar cerrado el acuerdo- para crear el primer banco en España. Uno de los efectos inmediatos de esa fusión será el cierre de cerca de dos mil oficinas bancarias y el despido de en torno a diez o doce mil empleados, la mayoría de los cuales podrán acogerse a interesantes ofertas económicas de prejubilaciones. Y aquí está el dilema: ¿Cómo se justifica la prejubilación de miles de empleados de banca a los cincuenta y pocos años en condiciones ventajosas cuando el Gobierno plantea endurecer los requisitos para una jubilación ordinaria a los cerca de sesenta y siete años? No hay lógica. Como tampoco la hay en que el principal accionista de Bankia sea el Estado, que controla un 62% de las acciones, y permita este plan de prejubilaciones, que son un auténtico agravio comparativo con el resto de los contribuyentes, sobre todo de los más modestos. Y todo ello sin olvidar que el rescate de Bankia costó a los españoles más de 24.000 millones de euros, de los que sólo se han recuperado unos 3.000 millones. Qué bien vendría ahora a las arcas del Estado que el banco resultante dedicase el excedente que va a generar la fusión a devolver esos casi 21.000 millones de euros que aún debe Bankia en vez de utilizarlos en pagar prejubilaciones que ahondarán aún más en el agujero del déficit de la Seguridad Social.

Sí, un experto en macroeconomía y sobre todo la ministra Calviño justificarán con criterios macroeconómicos y de visión a largo plazo de la economía nacional y europea estas contradicciones, seguro que sí; pero lo que no es de recibo es tanta opacidad –ni los ministros de Podemos habían sido informados de la fusión- y que siempre el pagano sea el ciudadano, el pensionista, el autónomo o el funcionario público, a quienes siempre se les exhiben criterios de Estado y de fuerza mayor para pedirles continuos sacrificios. Está claro que es más fácil atemorizar a los débiles que a los poderosos.