Valga la frase de una tira de Mafalda, “Cuidado, irresponsables trabajando”, ahora que acaba de morir su creador, Quino, para definir la situación social, sanitaria y económica que atraviesa nuestro país, una situación que podría definirse de cómica o de sainetesca sino fuera porque el virus campa a sus anchas por toda España provocando cientos de muertos, miles de contagiados, el colapso de la sanidad primaria y de las unidades UCIs de los hospitales y el frenazo  de actividades económicas consideradas imprescindibles en la economía española, a la espera de que alguien sensato se siente en la mesa con otro sensato y planifique de una vez por todas el nuevo modelo económico que necesita España para los próximos treinta años y que, por supuesto, no pasa por convertirnos en la barra del bar de Europa ni en el asilo de los jubilados calvinistas del norte ni en el todo incluido de los ociosos turistas de más allá de los Pirineos o del otro lado del Atlántico. Somos mucho más que todo eso.

Madrid es el kilómetro cero de esta nueva oleada de la pandemia y donde más irresponsables trabajando se concentran por metro cuadrado, sumando los de todas las administraciones, desde los subordinados del ministro Illa hasta los de la presidenta Ayuso. Vaya atajo de irresponsables. Y el ciudadano, aturdido, asiste atónito e impotente a este espectáculo que protagonizan sus políticos, caracterizado por divergencias, cambios de rumbos, falta de consenso y de planes concretos y, sobre todo, por tratar de instrumentalizar los muertos en beneficio propio. A ver si alguien retira ya de una vez aquel cartel heroico del No pasarán a la entrada de la Plaza Mayor de Madrid porque el virus ha entrado hasta la cocina de los hogares madrileños y los políticos de todos los colores no se han enterado, enfrascados como están en disputas y guerras civiles electoralistas.

Cuánto cansa repetir estos argumentos para ver si alguna vez algún político se entera y abandona la bancada de los irresponsables para abrir el nuevo frente de la responsabilidad. Ay, Quino, cuánto te vamos a echar de menos.

Y mientras el ciudadano asiste acongojado a la expansión incontrolada del virus, con la terrible incertidumbre de si él  mismo o algún miembro de su familia será el próximo en ser infectado, ahora resulta que en la reunión los cerebros grises de este país en la isla gallega de La Toja se pone en evidencia la capacidad de las administraciones públicas españolas para gestionar los 140.000 millones de euros que deben de venir de la Unión Europea para poner en marcha la reconstrucción del país. Claro, todas esas reformas estructurales que se vienen aparcando desde hace años y ahora resulta que nuestros políticos descubren que tenemos una Administración pública envejecida, anquilosada, poco ágil y tan burocratizada que los papeles se traspapelan en los despachos o se pierden por la farragosidad de leyes y normas antediluvianas. Y se dan cuenta ahora, cuando el maná nos va a llegar desde Bruselas con una condición clara: hay que presentar proyectos claros de inversión y un plazo de ejecución no superior a los seis años.

En una país donde aún se estila el “vuelva usted mañana” o se descuelgan por sistema los teléfonos de atención al público por falta de personal o de agotamiento de los telefonistas, cumplir plazos de seis años se antoja misión imposible. Como respuesta a las exigencias de Europa dice el Gobierno que está dispuesto a modificar la Ley de Contratación Pública y la Ley de Subvenciones, pero visto que los políticos no se frenan en la utilización de la pandemia como arma política arrojadiza que nadie espere que vaya a haber consenso para sacar adelante estas modificaciones legales.

Y el proyecto de Presupuestos Generales del estado sin peinar. A las puertas de que venza el plazo para presentarlos en Bruselas. Siempre de prisa y corriendo, esperando al último minuto y, por supuesto, alegando el interés general de España. Pobre país con tanto irresponsable haciendo como que trabaja.