La lenta maquinaria legal electoral va cumpliendo sus últimos objetivos. Ya se han constituido  los últimos ayuntamientos, entre ellos los de Astorga y León. En ambos casos la constitución ha sido sobria, alejada de euforias y triunfalismos. Los dos nuevos alcaldes han ofrecido caras apenas sonrientes. A Diez y Perandones les pesa la responsabilidad. Mejor. Ambos van a necesitar calma, responsabilidad, tesón y, de verdad, voluntad de cambio. A ver qué pasa. Tienen cien días de margen para poner en marcha sus proyectos.

A quien ya se le agota el tiempo de confianza es al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Crece el nerviosismo en las instituciones europeas. España se viene gobernando con presupuestos generales prorrogados desde 2017. Y hay grandes reformas pendientes. Sánchez ganó las elecciones en abril y aún no ha sido capaz de encauzar un próximo gobierno. Mañana, en Bruselas, se examinará a la economía española. España es la cuarta potencia económica europea, algo que no es baladí, sobre todo si un país vecino, como Italia, está en el punto de mira. El sur de Europa no puede tener dos frentes abiertos: Italia y España. Si ambos países entran en crisis política y no resuelven sus problemas económicos, Europa podría tambalearse. Y con el brexit a la vuelta de la esquina. Tremendo.

Este es el contexto en el que en los próximos días han de constituirse las nuevas diputaciones provinciales. Sí, las grandes olvidadas, pero que gestionan presupuestos multimillonarios. Las diputaciones necesitan urgentes y profundas reformas. Primero, comenzando por su sistema electoral. Indirecto. No es un modelo democrático del siglo XXI. En la mayoría de los casos, las diputaciones se han convertido en premios de consolación con los que los partidos gratifican la lealtad y el servilismo de concejales. Y, lo que no es de recibo, es que concejales de municipios de más de 20.000 habitantes sean determinantes en la formación de sus gobiernos. Por eso sorprende, en el caso de León, que la líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, Gemma Villarroel, aspire a la canonjía de la Diputación. Desahuciada del poder municipal, su último recurso para ejercer algún tipo de responsabilidad es la Diputación. Pues flaco servicio le hace a su partido, a la Diputación y a ella misma. Ciudadanos ha sido un partido muy crítico con respecto a la propia supervivencia de las diputaciones, a sus objetivos y a su encaje en el siglo XXI. Y la decisión de Villarroel no hace nada más que acrecentar las contradicciones que últimamente asolan a Ciudadanos a todos los niveles y en todos los territorios, salvo, claro está, que aspire a gobernar, en el caso de León, con el PSOE. De ahí el guiño de los cuatro votos en blanco en la investidura de Diez como alcalde de la capital leonesa.

La Diputación de León ha cerrado sus últimos ejercicios con unos remanentes anuales de entre los 80 y los 100 millones de euros. En una provincia con un mundo rural con tantísimas necesidades sorprende la pertinaz ineficiente gestión que origina tan elevados superávits. Injustificable. El actual presidente en funciones de la Diputación leonesa, el popular Martínez Majo, responsabilizaba directamente a la aristocracia funcionarial de la institución de poner palos en las ruedas. Críticas que han caído en la vacío y que ponen de relieve la falta de determinación del propio presidente para imponer criterios políticos y de gestión ante los recalcitrantes funcionarios. No es de recibo.

¿Qué hacer con las diputaciones? Urge una profunda reforma y reorientación. Pero ¿Quién pone el cascabel al gato?