En su última sesión de la actual y breve legislatura, el Congreso de los Diputados ha aprobado un serio correctivo y varapalo al Banco de España, CNMV y al Frob, entidades a las que considera en gran parte responsables de la crisis financiera española. El Congreso cree que estas instituciones no cumplieron eficazmente con su papel de supervisores y no controlaron de forma eficaz los balances e inversiones de las entidades financieras, sobre todo de las cajas de ahorro. La intervención de las cajas de ahorro quebradas provocó la intervención de la Unión Europea por un importe superior a los 60.000 millones de euros.

Estas conclusiones se recogen en el Dictamen de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera (el texto íntegro está disponible en la web del Congreso de los Diputados, en la sección de noticias), aprobado esta mañana, en el que se concluye la necesidad de una reforma de los órganos supervisores financieros para evitar una nueva crisis del sector financiero.

La Comisión, que fue constituida el 11 de mayo de 2017, se ha reunido en 48 ocasiones en las que han comparecido más de 80 altos cargos, entre los que se encuentran gobernadores del Banco de España, desde el año 2000 hasta hoy; ex presidentes de diferentes cajas de ahorro; ministros y otros altos cargos del Ministerio de Economía y analistas y académicos del sector financiero.

Las conclusiones del Dictamen se articulan de acuerdo al siguiente esquema: causas de la crisis económica y financiera, cajas de ahorro y bancos, organismos reguladores, transparencia y protección a los consumidores y retos de futuro del sistema financiero.

Entre las conclusiones relativas a los organismos supervisores, la Comisión propone «la mejora de procedimientos y controles a efectos de las responsabilidades que permanecen en autoridades del sector como Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)», así como un proceso de unificación e integración de estos supervisores de entidades financieras.

Igualmente se insta al Gobierno a la adopción de medidas que «aseguren la efectividad e independencia de los supervisores de solvencia, mercados, contabilidad y auditoría y resolución, asegurando que no se dan conflicto de interés en el ejercicio de sus funciones ni coincidencias de miembros en sus órganos de gobierno».

DEFENSOR DEL CLIENTE FINANCIERO

Entre los retos de futuro que establece la Comisión se encuentra la creación de una autoridad de protección del cliente financiero. De esta manera se acuerda «constituir una autoridad para la resolución extrajudicial de litigios en materia financiera, englobando y perfeccionando las labores que actualmente realizan los servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Mejorar la protección de los clientes financieros, en particular los minoristas, es uno de los principales retos pendientes».

Otro de los retos de futuro acordado es la recuperación de la imagen y reputación del sector, muy afectadas a raíz de la crisis financiera. Por ello, resulta esencial «reconstruir la relación de confianza con los clientes, poniéndoles siempre en el centro de todas las decisiones, haciendo un esfuerzo continuo por mejorar la transparencia y hacer productos más sencillos, pero también promoviendo la educación financiera, que permita a las personas tomar decisiones más informadas, y dando herramientas y recomendaciones prácticas personalizadas».