La doble crisis que venimos soportando, la sanitaria y la económica, ha puesto en evidencia la fragilidad no solo del sistema sino también de los ciudadanos, quienes asisten –asistimos- desconcertados, aturdidos, impotentes y desesperados ante la falta de soluciones y, sobre todo, ante el espectáculo tan poco edificante y amoral que protagonizan las élites dirigentes, especialmente las políticas, sean del color que sean.

La vida política española se ha convertido en un circo, algo que podría ser hasta gracioso sino fuera porque se escenifica sobre el dolor y el sufrimiento de miles de españoles. En la última semana asistimos aterrorizados comprobando cómo cada día se bate el récord de contagiados y de muertos por el coronavirus y cuanto más pavorosas son esas cifras más sube en intensidad el denigrante espectáculo de unos políticos que ya se echan en cara hasta el sistema judicial, una vez que ya han destrozado el sistema económico y han dejado muy dañado el sistema político. Sí, cuánto más dolor y sufrimiento, más alto es el ruido del guirigay político. Es decir, es una estrategia planificada: el ruido que ellos mismos provocan es la excusa perfecta para no centrarse en lo que de verdad interesa al ciudadano: la crisis sanitaria y la no menos importante crisis económica.

Qué la crisis sanitaria se agudiza con miles de contagiados más y con decenas de muertos más, pues se atiza la lucha sin cuartel por el control de la Justicia. Que el coronavirus anda por ahí descontrolado, pues se saca a relucir las carencias de la Monarquía, como si fuera el problema más grande de los últimos años. Y si esto falla se resucita el problema catalán o se saca a pasear a Ayuso. Y así sucesivamente, se abren los frentes de distracción que sean necesarios para elevar columnas de humo que oculten lo que de verdad es importante y trascendente: el fracaso de los políticos para frenar la crisis sanitaria y sus dificultades para remediar la catástrofe económica que se avecina como consecuencia de la primera. Los datos están ahí: somos el último país de los desarrollados en recuperación económica y el primero, por desgracia, en contagios de coronavirus.

No creo que España sea un Estado fallido, ni mucho menos, pero sí que tenemos una clase política fallida, cuya incapacidad para consensuar soluciones está a punto de poner al país al borde del colapso en todos los frentes. Ahí está ahora, por ejemplo, el frontón sobre el que estrellan una y otra vez la renovación del Consejo del Poder Judicial. Naturalmente no lo hacen porqué sí, sino porque, a pesar de todo, la Justicia sigue siendo el único poder del Estado que conserva cierta independencia y sigue condenando, con excesivo retraso,  a quienes protagonizan casos de corrupción política, sean del color que sean. Por  eso, intereses políticos y económicos (casos Bankia o Villarejo, por ejemplo) se alían para desprestigiar la Justicia, bloqueando la renovación de sus órganos de gobierno  y trasladando a Europa este espectáculo, con la satisfacción y agradecimiento de polacos y húngaros, países que, con todo el respeto, no han descubierto aún  a Montesquieu. Aquí, en España, precisamente nuestros políticos son tan adelantados que ya celebran el funeral del padre ideológico de la separación de poderes.

El bloqueo es tan patente, que el Gobierno ha remitido esta semana a Bruselas un adelanto de Presupuestos Generales del Estado que no son ni un simple borrador, ya que ocultan la política fiscal, no justifican el incremento de ingresos y no aclaran cómo se pagarán los Ertes a partir del 31 de enero o qué hacer con el salario de los funcionarios. Son cuentas trucadas. Hasta ahí hemos llegado.

Por todo ello, el malestar ciudadano es patente y creciente. ¿Es real la fragilidad de la sociedad civil española? Quiero pensar que no, que detrás de tanta frustración, impotencia, desolación y hasta desesperación hay capacidad de resistencia, como el junco de la canción “Resistiré”, desgraciadamente ya poco recordada, y que antes de que se desborde el vaso de la paciencia habrá reacción.