José María de la Vega, representante de Unicaja Banco

Mucho más que una reclamación de cien millones de euros. El juicio iniciado esta mañana en el Juzgado de Primera Instancia número 9 de León para dirimir la propiedad de miles de obras de arte, varias decenas de propiedades y suelos urbanos en media España y casi 30 millones de euros en metálico entre el banco andaluz Unicaja, como heredero de las antiguas cajas de ahorro España y Duero, y Fundos, la fundación de Castilla y León, heredera de las obras sociales de las cajas España y Duero, es mucho más que una mera disputa económica. Se trata, en el fondo, de conocer el coste real de la adjudicación a Unicaja de las antiguas cajas España y Duero en el año 2014, las contraprestaciones, las implicaciones de la Junta de Castilla y León, del Frob, del Banco de España y hasta del Gobierno.

Pero conocer la verdad se está poniendo cada vez más difícil. Ayer, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 9, el palentino Luis Miguel Ortega, decidió vetar la presencia de la prensa en lo que debería ser un juicio público. Justificó su decisión en el escaso aforo de la sala de vistas número 5 del edificio de los juzgados leoneses. Este periodista le recordó la prevalencia del derecho a la información, pero el juez se encogió de hombros, hizo un gesto señalando la escasa capacidad de aforo de la sala y rogó al periodista que abandonase la sala. No hubo posibilidad de negociar que un periodista asistiese en representación de todos los medios o celebrar el juicio en una sala con mayor capacidad. El juez sí permitió la entrada de fotógrafos, de uno en uno, antes del inicio dela sesión. Pero lo importante no es la imagen sino las declaraciones. Y ese ya es un terreno en el que predomina la opacidad y la falta de transparencia judicial.

El juez no autorizó la entrada de los periodistas al juicio/ MC

La primera jornada del juicio se alargó sobre previsiones. Algunos periodistas aguantaron estoicamente en los pasillos en busca de reacciones. El primer declarante en salir fue el representante de Unicaja, José María de la Vega, antiguo director de Recursos Humanos de Caja Duero antes de la fusión y ahora directivo de la entera confianza de la presidencia del banco andaluz, Manuel Azuaga. De la Vega remitió a los periodistas al departamento de Comunicación del banco, con sede en Málaga.

Los representantes de Unicaja se atrincheran en su posición de absoluta legalidad en la transferencia de propiedades que quedó registrada en el escrito de segregación, es decir los bienes que se quedaba el banco y los que pasaban a  Fundos, como heredera de las antiguas obras sociales de Caja España y Caja Duero. Alegaron criterios de contabilidad y no de uso para formalizar el reparto.

Lo que no está claro es la legalidad de dos documentos posteriores de subsanación a la primera escritura de segregación. Desde Fundos se defiende que esas subsanaciones se firmaron por directivos de Unicaja que no tenían ni poder ni representatividad legal para ello, por lo que el traspaso al banco de gran parte de los fondos artísticos de la antigua Caja Duero, de sedes tan emblemáticas como Fuente Dorada en Valladolid, Villamagna en Madrid o El Portillo en León serian ilegal. Está en juego una reclamación total de unos cien millones de euros.

El juez, que tiene fama de riguroso y seco ya habría frenado esta mañana la intención del directivo de Unicaja, De la Fuente, de descalificar el testimonio de Evaristo del Canto, antiguo director general de Caja España y luego presidente del banco resultante de la fusión de Caja España y Duero, alegando que la fundación que ahora preside, MonteLeón, tiene relación con Fundos. Existe la relación indirecta de que ambas fundaciones tienen su sede en el edificio Botines de Gaudí por expreso deseo, en el caso de MonteLeón, del consejo de administración de Caja España muchos años antes de que existiera Fundos y de que el presidente de Fundos sea miembro de MonteLeón. Esta fundación siempre tuvo un miembro en el consejo de administración de Caja España.

Cortada de raíz esta maniobra de distracción, la declaración de Evaristo del Canto se centró en señalar al actual presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, como el único responsable de todas las decisiones que desembocaron en la absorción por parte del banco malagueño de Banco Ceiss, fruto de la fusión de las cajas España y Duero. Esta fusión, un auténtico toma y daca frente al Gobierno, en el que Unicaja amenazó varias veces con desistir de la fusión, obligó al Gobierno a ceder continuamente para evitar la mala imagen ante Europa de un nuevo conflicto en el seno de las entonces casi en quiebra cajas de ahorros españolas.

Aún está por concretar los enormes beneficios que Unicaja obtuvo de esta absorción en volumen de negocio, número de clientes, implantación territorial, relaciones políticas y, cómo no, obras de arte y propiedades urbanísticas, que es, al fin y al cabo, lo que se trata de dilucidar en el juicio que ha comenzado esta mañana.

Ha recordado Del Canto ante el juez que en la primera escritura de segregación el banco Unicaja se quedaba con el negocio y una futura fundación –Fundos- heredaría las obras sociales de las antiguas cajas. Mientras se creaba la fundación, la Junta de Castilla y León era la garante del cumplimiento del acuerdo. A pesar de eso, tres años después, ya con Fundos en marcha, se modifican los acuerdos en base a unas escrituras de subsanación, por las que Unicaja se apropia de las obras de arte, propiedades y dineros que ahora reclama Fundos.

Ha dicho Del Canto a Diario de León que  la escritura de segregación “es ley y hubo cuatro meses para modificar errores que pudieran detectarse, Las subsanaciones se hicieron tres años después, por lo que en  ningún caso podían cambiar la propiedad del patrimonio”.

ÓRDENES DEL BANCO

Tras la declaración de Del Canto estaba prevista la intervención del actual presidente de Unicaja, Azuaga, y de directivos de las antiguas cajas, algunos de ellos firmantes de las ya famosas subsanaciones que corregían el acuerdo de segregación. La clave está en conocer con qué poderes firmaron esos directivos las subsanaciones, si estaban debidamente autorizados y, en cualquier caso, si fue el propio Azuaga quien las autorizó bajo su responsabilidad como máximo responsable del banco andaluz.

En este sentido hay que destacar la declaración del último director de la Obra Social de Caja España y firmante de las subsanaciones, José Manuel Fernández Corral, quien habría asegurado ante el juez que él estampó su firma por orden del banco y en concreto por el directivo Javier Cruz, director de Inmovilizado. Sin embargo, el responsable de los servicios jurídicos, Luis Miguel Antolín, habría declarado que él se negó a firmar los documentos. Estas declaraciones se consideran cruciales.

Sin embargo, los máximos responsables de Unicaja, Braulio Medel, hoy presidente de la Fundación Unicaja, y Manuel Azuaga, presidente del Banco Unicaja, apelaron, vía telemática, al tradicional y manido recurso del no me acuerdo o que estaban a otras cuestiones más importantes. Sin más complicaciones.

Fijar el calendario exacto de todas estas operaciones va a ser decisivo, ya que las subsanaciones se firmaron cuando ya no existía Caja España y cuando aún no se había formado legamente Fundos, por lo que la responsabilidad recaía en el Protectorado de Fundaciones de la Junta de Castilla y León. Y, según parece, el Protectorado nunca fue consultado.

Un hecho destacable es que todos los directivos implicados en este contencioso y que pertenecían a las antiguas cajas España y Duero se integraron en el Banco Unicaja. El juez deberá dilucidar si esos directivos fueron juez y parte del proceso y si actuaron de esa manera para promocionarse o conservar sus puestos de trabajo o prevaleció su profesionalidad e independencia.

Mañana seguirá el juicio. Los periodistas volverán a intentar seguir en directo su desarrollo, esperando que el juez reconsidere su postura proclive a la opacidad y oscurantismo.