“Muerte en León. Caso cerrado” es el nuevo documental de Justin Webster, con el que se quiere poner fin a gran parte de las incógnitas aún abiertas en el asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP provincial, Isabel Carrasco, en 2014. Este lunes se estrena en los cines de Madrid; el miércoles, en los de Barcelona; y el día 14 de marzo, en el Teatro San Francisco de León, gracias  a la colaboración del digital iLeon.es y la productora JWProductions. Las entradas cuestan 5 euros y se pondrán a la venta este martes, 5 de marzo, en Tretton Tours (Plaza Santo Martino, 3, bajo) y Deportes Atmosfera Sport (Calle La Rúa, 17), dentro del horario comercial.

Una de las principales incógnitas abiertas en este caso es la relación que mantenía una de las condenadas, Triana Martínez, la hija de la asesina confesa Montserrat González, con el asesor del presidente de la Junta de Castilla y León, Luis Estébanez.  Triana y Luis hablaban continuamente por teléfono y el día anterior al crimen habían conversado durante más de una hora. Sin embargo, Luis Estébanez nunca fue llamado a declarar por la jueza instructora ni tampoco como testigo en el juicio. Aunque Estébanez ha rechazado aparecer en el nuevo documental sí se podrá escuchar su voz.

Otra de las novedades es una entrevista con la jueza instructora del caso, quien seguramente aclarará algunas incógnitas, como, por ejemplo, porqué nunca ordenó una reconstrucción física del asesinato o porqué mintieron los famosos policías llegados de Burgos al asegurar en un principio que no estuvieron presentes en la detención de la policía local Raquel Gago.

También queda por esclarecer la verdad de cómo Montserrat González compró el arma del asesinato en Gijón. La persona que se la vendió falleció poco después del crimen.

Las tres implicadas por este asesinato, que conmocionó a toda España, están en prisión cumpliendo condena. El juicio que dictó la sentencia también estuvo rodeado de polémicas, como la misteriosa y nunca aclarada desaparición durante más de un día del abogado defensor de Raquel Gago; la contradicción y falta de memoria del principal testigo, el policía nacional jubilado que fue testigo directo del asesinato; y los olvidos y fallos de memoria en sus declaraciones de testigos importantes como responsables de Hacienda, funcionarios de la Diputación y políticos y los fallos a la hora de plantear sus preguntas por parte del  presidente del tribunal. Demasiados errores y mucha desidia que deja por cerrar un casi que aún está abierto.