El pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad esta mañana de forma telemática una serie de daciones de cuentas, de informes y de liquidaciones del ejercicio del pasado año que enmascaran un tapón irresoluble desde hace años en el Palacio de los Guzmanes: el superávit o remanente del ejercicio  anterior. Quizá el único que sabe interpretar correctamente estos informes sea el interventor, que para eso está en nómina y es el responsable de las cuentas, y el veterano político y casi eterno diputado Matías Llorente, hoy en las filas leonesistas de la UPL y vicepresidente de la institución. Y pocos más.

Entre unos y otros y contando con las explicaciones del portavoz de la oposición popular, Francisco Castañón, lo que se deduce de todos esos expedientes, alguno de los cuales consta de más de 200 páginas, es que la Diputación cerró al ejercicio 2019 con 153 millones de euros pendientes de ejecutar, de los cuales unos 72 millones serán contabilizados de hecho como superávit o remanente. Hay que tener en cuenta que el presupuesto anual consolidado de la Diputación es de 137 millones de euros.

Generar estos superávits o remanentes es un problema que se viene arrastrando desde hace años y los distintos gobiernos que se han sucedido han sido incapaces de gestionar cada año al cien por cien el presupuesto aprobado. Desde la Diputación se achaca el problema estructural a los ayuntamientos, mucho de los cuales  no son capaces de gestionar en tiempo y forma las ayudas que reciben bien del plan de obras, del de cooperación, de empleo o de otras materias. Por ejemplo, del año 2018 aún quedan 18 ayuntamientos por gestionar sus planes de obras, financiados con fondos de la Diputación. De 2019 son 160 ayuntamientos, que no han concluido aún todo el proceso de sus inversiones.

El vicepresidente Llorente ha propuesto una solución: Tras la aprobación del plan de obras de este año, en julio todos los ayuntamientos recibirán el dinero que les corresponda por sus proyectos aprobados y serán los ayuntamientos los responsables de la ejecución de las obras, eso sí bajo el control riguroso de la contabilidad de la Diputación. Este sistema de pagos por adelantado puede ser una solución a la generación del recurrente superávit de la Diputación. Ya se verá.

El otro problema es la limitación de la inversión de esos superávits, ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria prohíbe a las corporaciones locales la inversión de ese dinero, que debe ir a amortizar la deuda. Lo que sucede en Diputación es que ya no hay deuda que amortizar. En la anterior legislatura, el gobierno del PP la dejó a cero, convirtiendo a la Diputación de León en una de las instituciones locales de España más saneadas.

Del superávit definitivo de este año, que se espera se dé a conocer de forma oficial en el pleno ordinario y presencial del próximo 25 de junio, y que rondará los 72 millones de euros, sólo se podrá invertir un 20%, es decir en torno a los 14 millones de euros, que ya están adjudicados en la ampliación de las partidas inversoras en obras y servicios para que los ayuntamientos pueden financiar sus gastos y necesidades derivadas de la lucha contra el coronavirus.

Por ejemplo, acaban de aprobarse 500.000 euros para financiar la contratación de personal para atender los nuevos servicios de las piscinas derivados de las normas de distancia y de seguridad, un requisito que el PP ha propuesto que se amplíe a todo tipo de actividades de ocio veraniego, ya que habrá ayuntamientos, como Almanza, por ejemplo, que no abrirán sus piscinas este verano.

Otra partida de 800.000 euros se dedicará, por ejemplo, a pagar el 90% de la cuota de autónomo a los nuevos emprendedores de la provincia en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Y no hay que olvidar el plan estrella de este año de la coalición PSOE y UPL, que es llevar la banda ancha a través de fibra óptica a más de 1.050 pueblos de la provincia. Este proyecto requerirá, al menos, 3 millones de euros del superávit, además de las portaciones de la Junta de Castilla y León y de los grandes operadores telefónicos.

Sin embargo, la pelea está en conseguir que el Gobierno autorice a diputaciones y ayuntamientos a invertir todo el superávit, eso sí en proyectos que palíen los efectos de la crisis económica y social derivada del coronavirus.

En cualquier caso, Llorente se muestra muy cauteloso porque el futuro se presenta negro. El próximo año todo hace indicar que las diputaciones tendrán menos ingresos provenientes del Estado y porque hay proyectos, como el de instalación de los parques comarcales de bomberos, que acaba de ser cuestionado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que establece que los trabajadores de esos parques deberán ser funcionarios. Y ahora mismo la plantilla de la Diputación está al completo y cerrada. No hay previstas amortizaciones de puestos de trabajo como para dar entrada en plantilla a 70 u 80 nuevos bomberos.

Y, claro, de este asunto de los bomberos y de los parques comarcales no se habló nada en el pleno de esta mañana. No estaba  en el orden del día ni nadie osó sacar el asunto a colación. Un asunto con una solución compleja y que afectará gravemente a la seguridad del mundo rural de la provincia.

Aunque parezca mentira por su abultado superávit. La Diputación está llamada, al menos el próximo año, a apretarse el cinturón. O a endeudarse, claro.