Reunión de esta tarde de Sanidad con representantes de las autonomías

El Consejo Interterritorial de Salud Pública, que se ha celebrado esta tarde, ha servido para que las comunidades autónomas acerquen posturas en cuanto a la aplicación de un toque de queda a nivel nacional para frenar el incremento de brotes de coronavirus en toda España. Todo apunta que el instrumento de toque de queda o reducción de la movilidad en horario nocturno está muy avanzado a la espera de estudiar bajo qué instrumento jurídico se puede aplicar y si es necesaria la declaración del estado de alarma para aprobarlo.

La reunión ha puesto de manifiesto que hay una clara mayoría de comunidades autónomas a favor de que este toque de queda se implemente a nivel nacional a falta de dirimir bajo qué amparo jurídico puede acometerse. Precisamente esta mañana la Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno la aplicación urgente del toque de queda. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se entre vista mañana en Valladolid con el presidente de la Junta, Fernández Mañueco para abordar, entre otros temas, el asunto del toque de queda y las nuevas medidas aprobadas para combatir la expansión del virus.

En la reunión de esta tarde, todas las comunidades autónomas, salvo Madrid y el País Vasco, han votado a favor de una nueva guía de medidas a aplicar a nivel nacional para frenar el avance del coronavirus. Las comunidades que se han abstenido consideran que esas medidas llegan demasiado tarde.

MEDIDAS

El acuerdo de esta tarde se centra en un documento de Actuaciones de respuesta coordinada para hacer frente a la pandemia por Covid-19. Se trata de un marco de criterios comunes para la interpretación de los indicadores epidemiológicos, acordado técnicamente por todas las comunidades. Está dirigido a garantizar la coordinación suficiente entre territorios, posibilitando que las CCAA tomen las medidas complementarias que consideren oportunas.

El texto tiene como objetivo permitir a cada autonomía evaluar el riesgo, establecer un nivel de alerta y adoptar medidas proporcionales, adaptables a la situación y al contexto de cada territorio.

Para ello, se incluyen indicadores de transmisión (incidencias, positividad y trazabilidad), de utilización de los servicios sanitarios (ocupación hospitalaria y de UCI) e indicadores complementarios que ayudan a evaluar el riesgo. Todos ellos se han seleccionado por su utilidad para capturar los aspectos más importantes de la situación epidemiológica y las capacidades de respuesta.

En cada uno de estos indicadores, se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto.

En todo momento, estos umbrales se basan en la evidencia científica, los estándares internacionales y la experiencia acumulada por las administraciones sanitarias. Los umbrales se irán ajustando a medida que se disponga de mayor evidencia científica a nivel nacional e internacional.

CUATRO NIVELES DE ALERTA

Los indicadores deben interpretarse siempre en su conjunto, de forma dinámica, valorando específicamente tanto la tendencia como la velocidad.

Así, la combinación del resultado de los indicadores posicionará a cada territorio en un nivel de alerta, del 1 al 4. Éstos se irán aplicando tanto en escenarios de aumento de riesgo como de reducción, siguiendo criterios de prudencia.

Esto significa que se recomienda incrementar el nivel de alerta cuando la situación esté suficientemente consolidada, pero para disminuirlo, será necesario que los indicadores permanezcan en un nivel de riesgo menor durante al menos 14 días.

Finalmente, el documento propone actuaciones a instaurar en cada unidad territorial que haya sido evaluada en los niveles de alerta del 1 al 3. Para aquellos territorios situados en un nivel de alerta 4, además de las actuaciones recogidas en el nivel 3, se establecen medidas excepcionales, que podrán requerir la activación del mecanismo previsto para los estados de alarma, excepción y sitio.

Serán las comunidades autónomas quienes decidirán cuándo y qué medidas se aplican. Antes de su implantación, informarán de ello al Ministerio de Sanidad. De forma coordinada con el Ministerio, revisarán de forma periódica la situación epidemiológica para valorar, mantener o modificar el nivel de alerta y las medidas aplicadas.

Cada comunidad autónoma deberá vigilar con especial atención los indicadores de su territorio en entornos de especial vulnerabilidad como los sociosanitarios y fortalecer las capacidades de respuesta en la zona afectada, incluyendo protocolos de vigilancia y de atención en estos ámbitos.

El documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19 es un desarrollo técnico del Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia, que aprobó el Consejo Interterritorial del SNS el 16 de julio, y que se ajusta a la situación epidemiológica de cada momento.