Los primeros días de vida de este Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos demuestra que la legislatura que acaba de empezar –y que será muy corta- va a ser un auténtico tobogán, una montaña rusa. Sobresalto tras sobresalto. La peor de las maneras para poner en marcha las reformas de calado que necesita este país. Para esas reformas haría falta un mínimo consenso y todo hace indicar que de consenso nada, así al menos lo han dejado claro desde el PP y Ciudadanos. A Sánchez no le va a quedar más remedio que acostumbrarse a caminar sobre el filo de la navaja. Y a los ciudadanos, a contener la respiración cada dos por tres. Un sin vivir.

La trifulca que se ha montado por la decisión de Sánchez de nombrar a la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado deja bien a las claras cuáles van a ser los vericuetos por los que se desarrolle esta legislatura: a cara de perro. La elección de Delgado es clave en una legislatura donde todo va a estar judicializado. El escenario no podía ser peor. Volvemos a las andadas sin los deberes hechos. El Tribunal Constitucional va a ser utilizado por los políticos como una especie de tercera cámara de apelaciones. Lo que el Congreso de izquierdas apruebe será recurrido inmediatamente por las derechas. Lo mismo va a pasar en las autonomías. Ahí está el caso de Murcia.

Y lo peor es que se llega a esta situación sin que la clase política haya hecho los deberes de reformar los órganos rectores de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial, quizás la institución judicial más politizada de Europa, necesita una reforma profunda o, mejor dicho, una vuelta a los orígenes constitucionales para que sean los propios jueces los que elijan a sus miembros y no los partidos políticos, tal y como sucede ahora. Ya se habla con absoluta normalidad de la mayoría conservadora y de la minoría progresista del máximo órgano de gobierno de los jueces, dando por hecho y como algo normal que estos jueces hacen sus dictámenes y toma sus decisiones en virtud de su ideología o, lo que es peor, en virtud de qué partido político le ha aupado a un puesto que debería ejercerse con absoluta independencia.

Sí, está en juego la calidad democrática de España. Y no sería de extrañar que dentro de poco la Unión Europea nos diera un toque de atención como lo acaba de hacer con Polonia, donde la división de poderes es cada vez más una línea difusa. Hace ya años que alguien dijo que en España habíamos enterrado a  Montesquieu. Pues, ahora es evidente que ese entierro se hizo mal y el hedor se está haciendo insoportable

Lo que sucede con el Poder Judicial me recuerda mucho al cataclismo que se llevó por delante a las antiguas cajas de ahorro españolas, que llegaron a representar el 50% del sistema financiero nacional y una autentica competencia al oligopolio de los grandes bancos. Las cajas de ahorro desaparecieron como consecuencia del asalto de los partidos políticos a sus consejos de administración. La ruinosa gestión de esos políticos en las cajas de ahorro casi termina con la intervención de la economía española por parte de la Unión Europea. Así y todo el agujero que el saneamiento e intervención de las cajas ha dejado –unos 50.000 millones de euros que nunca se recuperarán- es hoy una de las  causas que han provocado el aumento de la desigualdad y la precariedad de la sociedad española.

¿Terminará la Justicia española siendo también víctima de su politización? Sin duda, la Justicia va hacia el mismo precipicio por el que cayeron las cajas de ahorro. La elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado es una parte más del gran problema de fondo de España: la falta de regeneración democrática. No se olvide que sin independencia judicial no puede haber un control real sobre los políticos. Los ciudadanos estamos más desarmados e indefensos que nunca.