¿Cuántos empresarios y profesionales leoneses de alto nivel tienen su domicilio fiscal en Madrid? La respuesta a esta pregunta es un secreto. Lo sabe Hacienda y pocos más. Las patronales FELE y CEL guardan silencio. Pero, sin duda, son muchos. La Comunidad de Madrid es una auténtica selva fiscal donde es más fácil pasar desapercibido que en comunidades como Castilla y León, donde todo son habas contadas.

Ahora, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), anuncia una rebaja histórica de impuestos en su región. Van a bajar no sólo los impuestos de donaciones o patrimonio, por ejemplo, sino también el IRPF. Madrid se lo puede permitir, entre otros motivos, porque en los últimos años se ha convertido en la locomotora económica de España, con crecimientos anuales por encima del 3,5%. A más actividad económica, más recaudación y, por ende, mayor inversión y mejores servicios en un territorio muy urbano, por lo que no tienen  necesidad  de destinar grandes recursos a dotar de sanidad, educación y servicios asistenciales públicos a miles de núcleos rurales de menos de cien habitantes.

Además, la red empresarial de la Comunidad de Madrid es tan tupida y densa que hay menor probabilidad de que un empresario modesto –o no tan modesto- llame la atención de Hacienda. Es cierto, que hay más inspectores, pero en porcentaje su trabajo es similar al de comunidades como Castilla y León.

El anuncio por parte de Madrid de una nueva bajada histórica de impuestos ha puesto los pelos de punta a los responsables de comunidades autónomas vecinas. En el fondo, se puede hablar de competencia desleal y hasta de “paraíso fiscal”. Los empresarios van allá donde se les ofrecen mejores condiciones, sobre todo fiscales, pero también dónde hay grandes infraestructuras. Y Madrid, por ser capital de España goza de una posición envidiable en materia de infraestructuras. El sentido radial de las autovías y ferrocarriles convierten a Madrid en el centro no sólo político sino económico, social, cultural y asistencial. Es un evidente centralismo. Y una postura dominante.

Si a esta posición privilegiada y como consecuencia de ella se le añade una oferta fiscal positivamente discriminatoria, el agravio no es que ya sea manifiesto sino insultante para el resto de las comunidades autónomas. Los empresarios de Castilla y León no dudarán en pagar menos impuestos en la vecina y tupida Madrid, aunque sus centros de producción y sus negocios estén en León o en el resto de la Comunidad. Es más, esos empresarios y profesionales pagan gran parte de sus impuestos en Madrid, pero son usuarios de los servicios públicos de Castilla y León. Sería de desear que cuando las administraciones autonómica, provincial o municipal de Castilla y León concedan ayudas y subvenciones a estos empresarios y profesionales exijan el domicilio fiscal en Castilla y León. Domicilio fiscal tanto de la empresa como el personal.

Dado el bloqueo político nacional, ante la imposibilidad del socialista Pedro Sánchez de formar Gobierno, es imposible que las comunidades autónomas se puedan reunir para hablar de la competencia desleal fiscal de Madrid y de la nueva financiación autonómica; financiación que debería tener en cuenta y compensar la desigualdad que genera los privilegios que tiene la Comunidad de Madrid.

Lo alarmante de esta situación de evidente privilegio es la postura de presidentes autonómicos, como el de Castilla y León, Fernández Mañueco, quien no se muestra preocupado por la fiscalidad de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, su partido. Está bien que Castilla y León también pueda bajar los impuestos, pero, sin duda, nunca podrá igualar la oferta de Madrid. Ellos son más ricos y aspiran a agrandar la brecha con el resto de España, sobre todo con el mundo rural, despoblado y envejecido. Madrid gana en competitividad a costa de sus vecinos. Y la brecha se ensancha.