Mañueco, en rueda de prensa)

Ya sea por criterio propio o porque sigue las directrices del PP nacional, la verdad es que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha dejado claro esta mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las enormes diferencias políticas y estratégicas que les separan. No coinciden en casi nada sobre el estado de arma y sobre la desescalada. Así lo ha manifestado Mañueco tras participar en la dominical conferencia telemática entre el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos. Una postura que aleja el consenso que mayoritariamente exige la sociedad española.

En un largo comunicado, se asegura que Fernández Mañueco ha advertido al presidente Sánchez que el estado de alarma no puede plantearse como “o todos conmigo o todos contra mi” y ha subrayado que ese apoyo no debe considerarse como un cheque en blanco, sino que debe conllevar un diálogo fructífero con las fuerzas políticas y, en lo territorial, con las comunidades autónomas, ámbito en el que ha exigido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Asimismo, ha destacado que el presidente del Gobierno de España lo está poniendo muy difícil.

Mañueco ha insistido en la necesidad de incrementar la planificación y coordinación con las comunidades para avanzar en la desescalada y la recuperación. En este sentido, ha señalado que las comunidades autónomas desconocen las condiciones concretas, entre ellas el informe de los expertos que justifica que el ámbito provincial es el adecuado para iniciar la desescalada, por lo que ha reivindicado un mayor diálogo político e institucional. De hecho, la falta de criterios claros y bien definidos, y de un plan cierto ha llevado al presidente de la Junta de Castilla y León a afirmar que ahora mismo no existe la llamada “cogobernanza” entre la Administración central y las comunidades autónomas. Según ha explicado, a las comunidades se les encarga el control epidemiológico, el control de los test, la trazabilidad de los casos, pero no se las deja participar en la toma de decisiones.

DESESCALADA

En cuanto al plan de desescalada del Gobierno, ha insistido que las comunidades autónomas, las empresas y las familias necesitan mayores certezas y seguridad. Así, ha explicado que el compromiso de Castilla y León sigue estando con el mundo rural, con la España interior, y que por lo tanto la Junta sigue considerando las zonas básicas de salud como un criterio territorial mucho más justo que la provincia para iniciar la desescalada

Sobre la petición reiterada de un fondo extraordinario no reembolsable para las comunidades autónomas para afrontar el gasto creciente en sanidad, servicios sociales y otras materias, Fernández Mañueco ha insistido en que este fondo debe ser realmente adicional a las cantidades a cuenta que ya estaban comprometidas para el año 2020, e ir destinado a cubrir los gastos generados por el Covid-19. Asimismo, ha exigido que el criterio de reparto de dicho fondo no sea el de población –Andalucía, gobernada por el PP, exige el criterio de población- , sino que debe estar claramente vinculado al número de afectados, a la incidencia acumulada de la enfermedad.

Igualmente ha exigido que las comunidades autónomas participen en los fondos de la UE que lleguen para afrontar la reconstrucción, ya que son ellas las que están soportando el gasto sanitario de la crisis.

Sobre a la actualización del programa de estabilidad presupuestaria presentado por el Gobierno ante la UE, Fernández Mañueco ha exigido un reparto más justo del déficit, puesto que las comunidades soportan el mayor gasto en Sanidad.

En cuanto a los Ertes, además de una mayor flexibilidad y agilidad en los pagos, el presidente de la Junta ha vuelto a exigir una extensión de su duración más allá del estado de alarma, sobre todo para los sectores más afectados por esta crisis, como son la hostelería y el comercio. En este sentido, ha instado al Gobierno  a mantener abiertas ventanillas de pago cada cinco días para evitar retrasos.

Por último, el presidente de la Junta ha realizado una defensa del sector agrario, ganadero y el de la agroalimentación, así como de la Política Agraria Común, señalando que se trata de sectores estratégicos para la economía de la UE y de España.