En plena movida madrileña, en el año 1993 el director de cine Manuel Gómez Pereira dirigió la ya famosa película “Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo”. Casi treinta años después, el director de este país, Pedro Sánchez, en plena movida post Covi19 llama regularización fiscal cuando quiere decir subida de impuestos. Eufemismos aparte, sí, habrá subida de impuestos porque los ingresos no llegan para pagar una mínima parte de la colosal factura de las medidas aplicadas para paliar esta crisis.

El viernes se firmaba en La Moncloa un pacto económico, suscrito por Gobierno, patronales y sindicatos. Sánchez encabezó una fotografía balsámica, sobre todo de cara a Europa. Dentro de unos días se comenzará a negociar en Bruselas la forma de distribuir esos ya famosos 750.000 millones de euros para la reconstrucción de los países cuyas economías más han sufrido por la pandemia. Y, a la cabeza, está España, que reclama una gran parte del pastel: 140.000 millones de euros. Ya se verá si, al final, una gran parte será a fondo perdido o préstamos a bajo interés.

El caso es que para que España se haga oír en Bruselas necesita acudir con una sola voz y con la mayor representatividad social, económica y política posible. De ahí la importancia que empresarios y sindicatos respalden al Gobierno en la dura negociación a cara de perro que se avecina. Esa foto del otro día en Moncloa es una oportuna tarjeta de presentación europea. La pena es que el PP no se sumase a ese gesto, aunque sí lo hacía Ciudadanos en ese primer acuerdo en las conclusiones de la Mesa de la Reconstrucción del Congreso de los Diputados. Es una pena la escasa idea de Estado de la que hace gala el líder popular nacional, Casado, que, curiosamente, contrasta con la de algunos líderes del mismo partido a nivel autonómico, como es el caso de Mañueco en Castilla y León, donde el PP gobernante ha atraído al PSOE y a Ciudadanos al pacto por la reconstrucción de la autonomía.

Pero vayamos a los impuestos. Sí hay que subir algunos impuestos o llevar a cabo una regularización fiscal como lo quiere enmascarar Sánchez. Pero, ojo, no puede hacerse como en los años 2008 y sucesivos, en plena crisis financiera. No se puede cortar por el mismo rasero a todo el  mundo y subir indiscriminadamente el IVA o el IRPF. Conocida la lección de aquella crisis, ahora la regulación fiscal debe ser, de verdad, progresiva. Ahora deberán pagar los que más ganen y, sobre todo, meter mano al impuesto de sociedades y hacer una poda de tantas bonificaciones y exenciones como existe y que hacen posible que al final, proporcionalmente, una gran empresa pague menos impuestos que un trabajador de clase media que dependa de una nómina. Ya se sabe que las grandes empresas, corporaciones y sociedades tienen a su disposición una serie de expertos asesores fiscales que logran reducir el pago de impuestos al mínimo, eso sí de forma legal.

Bastante han conseguido las patronales con que el Gobierno aplace la reforma de la reforma laboral; por cierto, una propuesta que pone muy nerviosos en Europa a las grandes corporaciones y a las instituciones. Bien, pues, si se aparca esa reforma por imperativo legal, que se lleve a cabo la regulación fiscal. Y que coticen más las grandes empresas tecnológicas, cuyas sedes están en semi paraísos fiscales, por ejemplo.

El Gobierno ha aprobado esta semana otro paquete de medidas por valor de 50.000 millones de euros (40.000 + 10.000 millones) para incentivar la inversión empresarial, incluyendo la posibilidad de que el Estado vuelva a ser accionista de algunas de esas empresas consideradas estratégicas. Bien, pero ¿de dónde sacamos ese dinero a mayores? No se olvide que cada mes, el Gobierno paga 5.000 millones de euros por los ERTEs. Y es solo un ejemplo.

Todo este esfuerzo para que de verdad sea rentable necesita estar respaldado por un gran pacto político, social y empresarial. A ver si lo conseguimos. Europa nos espera.