El pleno celebrado esta mañana en la Diputación Provincial ha sido de tanteo político. Ha sorprendido la cortesía política del portavoz del PP, Francisco Castañón, al renunciar a su papel de oposición y de control para dejar que el tándem PSOE-UPL se centre en el trabajo, termine los cien primeros días de gestión y desembarque del todo. Huele a diplomacia vaticana. A rearme antes de la batalla.

Está claro que tras el pleno de buenas maneras de esta mañana se barruntan en el horizonte negros nubarrones de tormentas. El presidente Eduardo Morán (PSOE) lo tiene claro. Va a utilizar a la Diputación como baluarte político contra la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP. Por ejemplo, ahí está el tema de la red de bomberos comarcales, un enorme lío en el que se metió el anterior presidente, Martínez Majo (PP), y que ahora ha heredado el PSOE. Al día de hoy da la sensación de que nadie sabe qué hacer con este proyecto de bomberos comarcales. ¿Cuál va a ser su modelo de gestión? Nadie lo sabe. Se han invertido millones de euros, están llegando vehículos y material, se ha licitado la construcción de edificios, pero nadie sabe cómo gestionar todo este proyecto. Irresponsabilidad total.

El presidente Morán parece que lo tiene claro: la Junta ha de pagar, sí o sí, el 50% del coste de la inversión, de la puesta en marcha y del mantenimiento del proyecto de bomberos comarcales. Desde la Junta, el anterior presidente de la Diputación y causante de todo este lío, Martínez Majo, responde que la Ley impide a la Junta entrar a participar en este proyecto de la Diputación. Ay, las puertas giratorias de la Administración pública. Qué pronto se ha olvidado Majo de las posiciones que defendía como presidente de la Diputación. Ahora se ha cambiado la chaqueta y se ve obligado a defender exactamente lo contrario que mantenía hace unos meses.

Se ampara Majo en que la Ley -¿qué Ley?- impide a la Junta ayudar en esta ocasión a una Diputación, que por otra parte, se gasta todos los años millones de euros en mantener competencias impropias, que pertenecen a la Junta pero que paga, indebidamente, la Diputación. Un claro doble rasero a costa del ciudadano.

Junta y Diputación deberían sentarse y llegar a un acuerdo sobre competencias, presupuestos y bomberos comarcales, pero todo hace prever que no habrá diálogo sino enfrentamiento. Vamos a un brutal choque político de trenes. Junta y Diputación van a jugar a mantenerla y no enmendarla, eso sí a costa del dinero público. León se ha convertido en una provincia donde se va a dilucidar una larguísima guerra política por el control de las instituciones públicas. El PSOE quiere afianzar su recobrada hegemonía y el PP quiere iniciar la reconquista política. A Majo le han  dado una segunda oportunidad política y la clave de su éxito está en mantener vivo el frente contra la Diputación. El mismo papel que Morán (PSOE) va a jugar desde la Diputación: a la Junta, ni agua.

Destacar como anécdota que la pluriempleada portavoz de Ciudadanos, Gemma Villarroel, estrenó ayer asiento junto a la bancada socialista. El diputado de  Ciudadanos de la pasada legislatura se sentaba junto a los populares. ¿Otro vaivén de Ciudadanos? En cualquier caso, Villarroel desaprovechó esta mañana una oportunidad clara para marcar distancias con el bipartidismo y hacer oposición de verdad. Formular una pregunta no la exime de su responsabilidad.