La lectura de “Un pueblo traicionado” de Paul Preston y la relectura este verano de “El laberinto español” del también británico Gerald Brenan ayudan a comprender los acontecimientos de la actualidad que están provocando que España sea un país patas arriba, valga la expresión para explicar el desbarajuste, caos, confusión, inestabilidad, incertidumbre y temor que transmite España por todos los poros de su piel. En unos momentos en los que es más necesaria que nunca la estabilidad en todos los frentes, el sosiego en los comportamientos y la altura de miras en la planificación, se juega al más difícil todavía, como si los márgenes de maniobra fueran ilimitados y los recursos inagotables. Siempre esperando al último momento, a la ocurrencia de última hora, al ya famoso milagro español del último recurso.

Y la clase política, como si no fuera con ella, actúa más que de sobrada. Los líderes se van de vacaciones como si no tuviesen pendientes enormes retos que cumplir y asignaturas pendientes que aprobar. Se presenta un otoño más que complicado. Con enormes incógnitas que despejar. Ahí está por ejemplo, el inesperado giro del caso del rey emérito Juan Carlos. Quién nos lo iba a decir a los que hemos defendido siempre su gestión y a quien hasta hoy hemos admirado por ser uno de los protagonistas principales de la restauración y consolidación democrática en España tras la dura y cruel dictadura franquista. Sí, hay mucho más en el haber que en el debe en la contabilidad del rey emérito, pero este final de trayectoria resulta inexplicable y para muchos nos ha supuesto una enorme decepción. Sí, le debemos estar agradecidos por muchos éxitos, pero no merecíamos este final, por Dios.

Al final, van a tener razón quienes en los últimos cuarenta años vienen defendiendo que la Transición no fue el éxito que nos hemos creído o que nos han hecho creer. Por ejemplo, las cloacas del franquismo han perdurado hasta nuestros días. Ahí está el flagrante caso del ex comisario Villarejo, un prototipo de policía franquista, cuyos tejemanejes antidemocráticos y mafiosos no solo pueden acabar con el brillo del reinado de Juan  Carlos I sino con la superestructura empresarial de este país. Ahí están las revelaciones de Villarejo en los casos de los bancos BBVA o Unicaja o la eléctrica Iberdrola, por poner solo algunos ejemplos. ¿Si las élites empresariales de este país necesitan recurrir a las cloacas de Villarejo –pagando enormes sumas de dinero opaco por sus servicios- qué grado de putrefacción habrá en todo el sistema democrático español? O planteado de otra manera: ¿Si el mafioso Villarejo ha hecho tambalearse a la mismísima Monarquía española qué nuevas amenazas guarda en su terrible agenda este nefasto policía que más bien parece ser el portador de la caja de Pandora?.

Este país además del rebrotado coronavirus debe curarse de otras pandemias históricas, como es la de la corrupción endémica. ¿Por qué no se ha instruido ya el caso Villarejo? ¿Por qué no se concretan las pruebas que hay contra él y las acusaciones a las que tendrá que hacer frente? Es como el caso Pujol, por poner solo un referente de inmunidad manifiesta. ¿Tanta mierda hay bajo algunas alfombras institucionales que da miedo sacudirlas ante la opinión pública?

Y así todo y en cadena. Si nos da miedo abrir las ventanas y airear los interiores, como va a transmitirse la tan necesaria transparencia  a provincias y, por ejemplo en el caso de León, exigir que alguien pague por la manifiesta incompetencia en la gestión de Gersul, donde se han dilapidado más de 30 millones de euros del erario público sin que los actuales políticos (PSOE y PP) se sonrojen lo más mínimo y, por el contrario, se dediquen a echar tierra sobre el asunto obviando el derecho sacrosanto democrático de rendir cuentas y exigir responsabilidades.

Este es el drama. Que hay villarejos por todos lados y sitios. Y que no hay voluntad política de acabar con esta situación que terminará por dinamitar la credibilidad no sólo de la clase política sino de las instituciones hasta ahora más sagradas como la Monarquía o la Justicia. ¿Y si perdemos esas referencias a qué se agarrarán los ciudadanos de pro?