El abogado de la acusación, representando a Fundos

Tercer y último día del juicio sobre la demanda interpuesta por Fundos contra Unicaja Banco al que reclama bienes por importe de cien millones de euros. Sólo dos periodistas hemos asistido a la sesión de esta mañana. Se nota el largo peso económico de Unicaja en los medios de comunicación. No están los tiempos para tirar por la borda importantes ingresos publicitarios. Pasadas las 14:30h, el juez, con cara de satisfacción por un trabajo bien hecho, declaraba el clásico “Visto para sentencia”. Sosteniendo la mirada al juez, Luis Ángel Ortega, todo hace indicar que la sentencia va a ser rápida, en un par de meses. Ha habido gestos que delatan que el juez lo tiene bastante claro.

Antes de dar paso a los abogados de las partes para leer sus conclusiones, por cierto, dos grandes abogados y oradores, con experiencias contrastadas y trayectorias impecables -hay juicios que deberían ser transmitidos por internet o televisión y éste era uno de ellos-, declararon tres testigos de la defensa. Tres directivos de la antigua Caja España, ahora Unicaja: Arturo Jiménez, Agustín Lomba y Ana Villaverde. Los tres ratificaron las posiciones de la defensa, es decir de Unicaja: la segregación de bienes en 2011 entre lo que luego sería Fundos y lo que sería Unicaja se hizo según criterios contables. Es decir, lo que estaba imputado en los libros de cuentas (inmuebles, obras de arte y mobiliario) a favor de la Obra Social pasó para Fundos y el resto, para el banco. Así de sencillo y así de complejo.

Pero antes de la primera testifical,  el abogado de Unicaja, del despacho de Uría, firma que, por cierto, intervino activamente en la segregación, se sacó de la manga el as de un correo eléctrico en el que la secretaria del director de la Obra Social de Caja España Duero adjuntaba al presidente de la gestora de Fundos, Tomás Quintana, los documentos con la escritura de segregación y de la primera subsanación. El juez no autorizó la incorporación de esos documentos y que podrían poner en un brete al propio Quintana, quien ayer declaraba bajo juramento que nunca tuvo conocimiento de esas escrituras de segregación y de primera subsanación (corrección a la escritura). Pero el juez tomó nota y dejó caer algún tipo de acción sobre Quintana. Quien, hay que recordar, ayer aseguró que firmó la escritura de constitución de Fundos sin leerla. Sin comentarios.

Volviendo a los testigos Jiménez, Loma y Villaverde. Los tres se alinearon con las tesis de la defensa, asegurando que el reparto de los bienes incluidos en la escritura de segregación y sus anexos (2011) se hizo en base a criterios contables. Es decir, aquello que en los libros estaba apuntado en las casillas de la Obra Social pasaba a Fundos y el resto, al futuro banco Unicaja. Y de ahí no se bajaron. Los tecnócratas es lo que tienen: van a piñón fijo, sólo entienden de números, asientos en libros de cuentas y de contabilidad y no comprenden el valor de las intenciones, del uso o de filosofía.

Eso sí, los tres coincidieron en destacar el desbarajuste de la gestión del fondo artístico de la antigua Caja Duero, entidad que no pudo aportar un listado de sus propios fondos y hasta se ha dado el caso de que algunos de sus antiguos directivos han reconocido que no sabían siquiera dónde se encontraban físicamente esas obras de arte. Como no es posible tanta ineficacia, lo más posible es que se trate de un subterfugio legal para impedir en su día que ese auténtico tesoro artístico pasase a Fundos.

El abogado de Fundos chocaba con el muro de hormigón de estos tres testigos hasta que rompió la férrea defensa al mostrar un correo electrónico en el que el ejecutivo Agustín Lomba venía a ordenar en mayo de 2012 a los directores de las Obras Sociales de España y Duero que sólo incluyesen en los listados de bienes a traspasar a la futura Fundos los bienes de menor valor para el futuro banco. La actitud de Lomba fue similar en los tres casos: los testigos comenzaron a declarar muy seguros de sí mismo, con aplomo y terminaron con la voz ahogada, temblando las piernas y recurriendo al “no me acuerdo”.

El abogado de la defensa, representando a Unicaja

CONCLUSIONES

El abogado que representa a Fundos basó su alegato en el proyecto de segregación de 2011, aprobado por la asamblea de la entonces Caja España Duero, que presidió Evaristo del Canto. Aquel acuerdo establecía que todo lo que fuera Obra Social pasaba a la  Caja, que luego derivó en Fundos. Y el resto, es decir el negocio bancario duro y puro, al Banco Ceiss, luego Unicaja. Los miembros de la Asamblea no conocieron listados de ningún tipo sobre bienes que pasaban  no pasaban de uno a otro lado.

El nudo está en qué se entiende por uso de la Obra Social. Desde Fundos se defiende que se entienden todos los edificios de tradicionalmente eran usados y gestionados por Obra Social, como auditorios, salones de actos, salas de exposiciones, centros de mayores o sociales. Y, además, aquellos inmuebles donde operaba el Monte de Piedad.

Fundos sostiene que, además, todas las obras de arte de España y Duero debían pasar a la fundación como heredera de las Obras Sociales de las antiguas cajas.

En cuanto a las dos subsanaciones o correcciones a la escritura de segregación de 2011, Fundos mantienen que son trasvases irregulares de propiedades a favor del banco Unicaja y que fueron ilegales, primero, por no ser ratificadas por la Asamblea que aprobó la primera escritura y, en segundo lugar, porque el firmante fue José Manuel Fernández Corral, antiguo director de la Obra Social de Caja España, quien ya no tendría poderes de firma ante notario.

El abogado de Fundos asegura que las subsanaciones y la acción de Corral emanaban de Unicaja, banco que ya desde 2012 tutelaba al Banco Ceiss, aunque la absorción no se completó hasta casi dos años después. En este sentido, a Unicaja le interesaba quedarse con el mayor patrimonio posible de las antiguas cajas España y Duero porque necesitaba fortalecer los ratios de solvencia, sus recursos propios y su patrimonio.

El alegato del abogado de Uría, representante de Unicaja banco, fue directo, sencillo y contundente: la segregación se hizo en base criterios contables. Lo que había comprado el banco con su dinero y así se reflejaba en los libros era del banco; y lo que había comprado la Obra Social y así estaba reflejado en la contabilidad pasaba a Fundos.

Para Unicaja los listados en los que se detallan los bienes inmuebles y las obras de arte que se traspasaban a Fundos son inamovibles a efectos legales porque sustentan un valor contable. Y a estas alturas  aquel lejano ya 2011 no se puede varias el valor contable de la segregación.

El abogado de Unicaja sostiene que la reclamación sobre el patrimonio artístico ya habría prescrito, al transcurrir más de los seis años establecidos legalmente. En este sentido, este abogado se preguntaba por qué Fundos ha tardado más de ocho años en darse cuenta de que no se había cumplido la escritura de segregación de 2011.

Unicaja sostiene que los inmuebles del Monte de Piedad eran del banco, según sus asientos contables, y que en 2011, el entonces Banco Ceiss entregó a la Caja, que luego derivaría en Fundos, los 40  millones de euros pactados en la segregación, dinero que fue gastando la Caja y luego Fundos hasta que el dinero se agotó en 2016.

Finalmente el abogado de Unicaja mantuvo que Fernández Corral tenía poder suficiente para firmar las escrituras de subsanación o de corrección (2014 y 2015) a la primitiva escritura de segregación de 2011, aunque las cajas o el banco Ceiss hubieron desaparecido.

A las 14:37h del mediodía, el juez pronunciaba las palabras que ponían punto y final al juicio: Visto para sentencia.